Paquete económico 2018: la
misma receta
De nueva cuenta, el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluido en el
Paquete Económico 2018, que fue sometido a consideración de la
Cámara de Diputados, ratifica la voluntad gubernamental de mantener
un modelo económico que incide de manera muy desfavorable en grandes
sectores de la población, especialmente en los de menores ingresos.
Cifra más, cifra menos, la propuesta presupuestaria del año próximo
afirma la tendencia a poner más atención en el pago de la deuda
pública, que en la inversión física indispensable para el
crecimiento y el desarrollo.
El progresivo endeudamiento
gubernamental –que comenzó en el pasado sexenio, pero se
incrementó aceleradamente en el actual– se ha convertido en un
problema que a esta altu- ra conspira claramente contra el buen
manejo de las finanzas públicas. A la caída en picada de los
precios del crudo y a la depreciación cambiaria que operó en contra
de nuestra moneda, se le sumó el costo de recorrer un camino que a
la larga sale caro: el de recurrir al financiamiento bancario para
salvar obstáculos coyunturales, sin tomar en cuenta las tasas de
interés impuestas por las instituciones crediticias, que
invariablemente se mueven al alza y convierten el pago de la deuda en
un proceso interminable.
La anterior no es una
afirmación gratuita: durante el primer tercio del año, por ejemplo,
los intereses sobre la deuda que el gobierno federal debió
desembolsar fueron casi 38 por ciento más que los pagados durante el
mismo periodo de 2016. Aumentaron los costos por el servicio de la
deuda externa, se incrementaron todavía más los de la interna, el
entorno financiero entró en lo que parece un incierto periodo de
volatilidad y las autoridades hacendarias se vieron –se ven– en
serios apuros para financiar el conjunto de la deuda.
La apuesta del gobierno, cada
vez que presenta sus paquetes económicos, es a favor de un
crecimiento de la economía que por distintas razones nunca alcanza
el rango de lo previsto por Hacienda; y así, como si se tratara de
la única solución posible, se cumple con el pago de la deuda a
costa de recortar una y otra vez rubros que resultan urgentes atender
y de escatimarle fondos a una inversión pública sin la cual
difícilmente se generen empleos y se estimule la productividad. Pero
lo que parece un ciclo determinado por factores que escapan al
control del gobierno es, en realidad, la aplicación deliberada de
una política que no prioriza (de hecho, a veces parece que ni
siquiera toma en cuenta) las necesidades que apremian a la mayoría
de los mexicanos.
En esa política se inscribe
también la reducción de fondos que el Presupuesto de Egresos 2018
contempla para los organismos que deben regular la participación del
sector privado en el área energética. Cuando más empieza a
manifestarse la actividad de las empresas extranjeras en esa área,
menos recursos se les entregan a las comisiones Nacional de
Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, que en teoría deben
vigilar que las operaciones de dichas empresas se lleven a cabo de
manera transparente. Si en un mercado sometido a las presiones de la
liberalización (y ese es, precisamente, el caso del energético en
nuestro país) no se ejercen cabalmente los mecanismos reguladores
del mismo, no es raro que las grandes corporaciones involucradas
aprovechen para obtener más beneficios de los que legalmente les
corresponden. No se trata de un prejuicio contra la iniciativa
privada, sino de una realidad constatable en todo el mundo.
Como sea, si no se restructura
el gasto y se le da mayor preponderancia a la inversión pública
para la ampliación y construcción de infraestructura, no se atacará
uno de los problemas que contribuye a perpetuar la inadmisible
desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana.
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/10/opinion/002a1edi
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